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Diario de América Latina

Colombia desentierra crímenes de Estado

Joaquim Ibarz

11/01/2010 - 07:10 horas

Balas de paramilitares, con probable complicidad del Estado, acabaron el 26 de abril de 1990 con la vida de Carlos Pizarro, uno de los dirigentes históricos de la guerrilla colombiana que, tras el abandono de la lucha armada, participaba en la campaña electoral como candidato presidencial. Veinte años después, la procuraduría reabrió el caso para averiguar quién ordenó el crimen. Colombia desentierra crímenes de Estado. La Procuraduría (encargada de investigar los delitos de los funcionarios del Estado) y la fiscalía del país andino pretenden que no pasen definitivamente al olvido los asesinatos hace 20 años de tres candidatos presidenciales –Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro- , que son la punta del iceberg de la guerra de exterminio que se desarrolló contra la izquierda democrática. Estos crímenes sucedieron cuando todavía estaba fresca la sangre del asesinato de Jaime Pardo Leal, el candidato del partido de izquierda Unión Patriótica (UP) que precedió a Jaramillo. La procuraduría colombiana busca espantar los fantasmas que durante 20 años rondaron los expedientes de los crímenes y, esta vez sí, desenmascarar a los autores intelectuales. Se reabrieron las investigaciones de los tres asesinatos para evitar que queden en la impunidad. La procuraduría quiere que en los casos de Pizarro y Jaramillo el proceso se acelere porque los delitos prescriben a los 20 años, salvo que se declaren de lesa humanidad. Con este fin, en agosto del año pasado el crimen de Galán fue calificado de lesa humanidad.

DOS DÉCADAS DE IMPUNIDAD Y MANIPULACIÓN

La Procuraduría colombiana decidió desempolvar un expediente que arrastraba dos décadas de impunidad y manipulación de la justicia, que puede ser clave para esclarecer el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez. El pasado miércoles, la procuraduría pidió a la fiscalía que investigue a dos ex agentes de la policía política DAS (organismo de inteligencia y seguridad del Estado) por su presunta participación en la muerte de Pizarro. El ministerio público argumentó que "existe mérito para vincular jurídicamente dentro del proceso por el asesinato de Carlos Pizarro" al jefe de inteligencia del DAS en ese entonces, Alberto Romero, y al detective Jaime Ernesto Gómez, que viajaba como escolta en el avión en que fue abatido el candidato. Durante años, Romero mantuvo estrechos contactos directos con el jefe paramilitar Carlos Castaño, quien admitió haber ordenado el crimen del ex jefe guerrillero. Al día siguiente del asesinato, el DAS culpó al narcotraficante Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín, quien desmintió estar implicado en el homicidio. En la muerte de Galán la procuraduría tuvo muchas dudas sobre la actuación de los escoltas del DAS; lo mismo ocurrió al profundizar en la investigación del asesinato de Pizarro. El ministerio público encontró que dos importantes funcionarios del organismo de inteligencia desempeñaron u papel importante en la muerte de ex comandante guerrillero. Según la revista bogotana Semana, la procuraduría "está llegando a la grave conclusión de que la agencia de inteligencia estatal jugó un oscuro papel en los asesinatos de tres candidatos presidenciales, Galán, Pizarro y Jaramillo".

PLAN GOLPE DE GRACIA

El diario bogotano El Tiempo informó hace tres días que la procuraduría colombiana investiga una pista que nunca fue explorada: una supuesta confabulación, en la que estarían involucrados agentes de la seguridad del Estado, narcos y paramilitares, para eliminar a los dirigentes de la Unión Patriótica, a la cúpula del Partido Comunista y a los líderes del grupo guerrillero M-19 que se habían desmovilizado. El complot tuvo diferentes nombres: operación Cóndor, plan Baile Rojo, plan Esmeralda, plan Retorno. El Tiempo lo identifica como Plan Golpe de Gracia. En las elecciones presidenciales de 1986, la UP obtuvo 350.000 votos, cifra sin precedentes para una fuerza de izquierda. A partir de entonces empezó la matanza: fueron asesinados más de 1.500 dirigentes del partido. La derecha justificó la campaña de exterminio contra la UP diciendo que esta agrupación jugaba con doblez al defender a la vez la lucha armada y la lucha política. Ya agonizante, la UP perdió en 2002 su personería jurídica. Catorce días antes de su muerte, Jaramillo dijo a este corresponsal: "Nos quieren exterminar porque somos el único partido que ha logrado desafiar el bipartidismo; ningún otro ha podido crecer porque, desde que asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán en 1948, se acabó con quien pretendía desafiar el monopolio de conservadores y liberales". A la pregunta sobre la acusación que se hacía a la UP de ser el brazo político de las FARC, en la hemeroteca de La Vanguardia (8 marzo 1990) se puede encontrar la clara y concisa respuesta de Jaramillo: "Eso es falso, ya que se procedió con igual saña contra otras fuerzas que ni siquiera se podía insinuar que tenían algo que ver con la lucha armada". Y subrayó: "En América Latina la guerrilla ya no tiene razón de existir, cada vez suenan más extraños los movimientos insurgentes. En Colombia, la credibilidad de los guerrilleros se encuentra en su más bajo nivel al cometer una serie de acciones de delincuencia común, sin precedentes en América Latina. Así no pueden generar respeto ni lograr un espacio político". El 26 de abril de 1990, apenas 45 días después de entregar su arma de guerrillero, Carlos Pizarro, de 39 años, candidato por el M-19, fue muerto a tiros en un avión comercial de Avianca que desde Bogotá se dirigía a Barranquilla. Luis Carlos Galán, postulado por el Partido Liberal, fue abatido el 18 de agosto de 1989 durante un mitin; Jaramillo, cabeza electoral de la UP, fue acribillado el 22 de marzo de 1990. El 8 de marzo de 1990, en las montañas de la provincia del Cauca, Carlos Pizarro había ordenado a sus combatientes guerrilleros: "Por Colombia, por la paz, dejad las armas". En medio del desconsuelo, la gente se preguntaba después de su muerte: "¿Serán válidas unas elecciones después de que tres aspirantes a la presidencia hayan sido asesinados?".

SIEMPRE PARECIÓ CLARA LA RESPONSABILIDAD

DEL ESTADO EN LOS CRÍMENES

La decisión de la procuraduría de investigar a altos funcionarios del DAS no ha sorprendido porque siempre pareció clara la responsabilidad del Estado colombiano en el asesinato de Pizarro. No bastó culpar a Pablo Escobar; no bastó asesinar al joven sicario que se sentó justamente delante de Pizarro y que cinco minutos después del despegue del avión que hacía el trayecto Bogotá-Barranquilla, se levantó de su asiento, fue al cuarto de baño, recogió allí una metralleta y regresó para disparar sin problemas todo el cargador sobre el candidato de izquierda; también fue evidente que el joven sicario fue muerto por el agente del DAS ahora investigado cuando, estando en el suelo del avión, gritaba que no lo mataran y que estaba desarmado. Para que el Estado evadiera su responsabilidad tampoco fue suficiente que el paramilitar Carlos Castaño asumiese la autoría del crimen. El agente Jaime Ernesto Muñoz Gómez abordó el avión con un arma cargada cuando todos los escoltas estaban obligados a llevarlas sin balas. Lo más sospechoso es que después de que los guardaespaldas de Pizarro habían logrado desarmar al sicario y reducirlo a la fuerza, Gómez lo asesinó a sangre fría, con el riesgo de que un disparo dañara la estructura del avión, con lo cual que habría podido sufrir una despresurización e incluso estallar en el aire. En su revisión del expediente, la procuraduría cuestiona cómo se burlaron los esquemas de seguridad, más aún si se tiene en cuenta que Pizarro fue el tercer candidato presidencial asesinado en poco más de medio año. Pizarro fue fulminado en pleno vuelo, en un atentado cronometrado, con un sicario que burló todos el dispositivo de seguridad, con controles a través de los cuales se filtró el aviso de en qué avión viajaba el candidato presidencial, con escoltas que fueron permeables y permisibles. Después de los recientes asesinatos de Galán y Jaramillo, Pizarro era el político más custodiado de Colombia. Las medidas de seguridad para la gira electoral por la costa atlántica se habían extremado tras una llamada que alertó sobre un plan de atentado. En secreto se cambió la hora del vuelo, Pizarro abordó el avión sin pasar por el mostrador de Avianca. Los 14 escoltas, cuatro del M-19 y diez del DAS, inspeccionaron minuciosamente el avión minutos antes de que abordaran los viajeros. Cuando todos estaban sentados, Pizarro ingresó a la nave por la escalerilla trasera. Pese a todas las precauciones, alguien depositó una metralleta en los lavabos posteriores, la que utilizó el joven sicario para disparar 15 proyectiles contra el candidato.

MARÍA JOSÉ PIZARRO, HIJA DEL COMANDANTE,

RECIBE CON ESPERANZA LA INVESTIGACIÓN A LOS AGENTES DEL DAS

María José Pizarro, hija del comandante guerrillero, residente en Barcelona desde hace cerca de diez años, ha comentado a La Vanguardia que recibe con esperanza la noticia de que hayan citado a declarar a los dos ex agentes del DAS. "Espero que este nuevo paso que da la Procuraduría tenga como consecuencia directa el reconocimiento de nuestro derecho a la verdad y la justicia, que durante tantos años nos ha sido negado. Y esta privación de la verdad no es una violación solamente para las familias de las víctimas, es una violación para la sociedad colombiana en su conjunto. Durante los últimos veinte años se nos ha negado el derecho a conocer de la manera más completa posible la identidad de los autores y los hechos que rodearon esta clase crímenes", señala la hija del candidato asesinado.  María José Pizarro destaca la importancia de esta actuación de la procuraduría y espera que sea un indicio real de que el Estado colombiano comienza a desarrollar mecanismos efectivos para que toda la sociedad y, en particular, para que los familiares de las víctimas puedan conocer lo sucedido. "En un escenario como el colombiano de violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos, resulta obligatorio indagar e investigar magnicidios como el mi padre, Luís Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Guillermo Cano, José Antequera, por solo nombrar algunos, y proporcionar a las víctimas acceso a un recurso efectivo, de conformidad con el derecho internacional, sencillamente porque no puede haber justicia sin verdad, ni verdad sin justicia y esta es la única garantía posible hoy en día de que estos hechos no vuelvan jamás a ocurrir en el futuro", señala la hija de Pizarro. Por último, María José Pizarro subraya: "Si como sociedad aprendemos a reconocer la importancia de respetar y garantizar el derecho que tenemos a la verdad estamos contribuyendo a acabar con la impunidad reinante en Colombia y promoviendo una cultura de protección de los derechos humanos, porque además dado el panorama actual desvelar una parte de esa verdad y acompañarla de una nueva impunidad es una nueva agresión a la víctimas, a Colombia y a la democracia".

CÁRCEL PARA EL GENERAL QUE DIRIGIÓ EL DAS

De nuevo las autoridades judiciales colombianas han puesto en la picota a la policía política y a los servicios de inteligencia. La procuraduría cuestiona el funcionamiento del DAS cuando se produjeron los asesinatos de los tres candidatos. El general retirado Miguel Maza Márquez, quien fue director del organismo entre 1985 y 1991, cuando los carteles de Medellín y Cali amenazaban la seguridad del Estado en su lucha por el control del tráfico de cocaína, está en la cárcel por su presunta vinculación con el asesinato de Galán. Al desempolvar la investigación por el asesinato de Luis Carlos Galán, la procuraduría unificó los expedientes que se hallaban dispersos en Medellín y Bogotá y ordenó nuevas pruebas. Semana dice que agentes del ministerio público y fiscales ubicaron testigos y practicaron entrevistas en todo el país. Asimismo, inspeccionaron archivos particulares y de entidades del Estado. Con un trabajo sistemático pudieron conocer importantes documentos, muchos con membretes del DAS o menciones al mismo. Fruto de esa labor, en agosto pasado la fiscalía elevó el crimen de Galán a la categoría de lesa humanidad para evitar que la investigación prescribiera al cumplirse 20 años del suceso. Al fortalecerse la hipótesis de que el crimen del candidato liberal se perpetró con colaboración de su jefe de escoltas, un detective del DAS, la procuraduría pidió la captura del general Maza Márquez. En junio de 2009, el ex director del organismo de inteligencia fue interrogado por la fiscalía, para responder por la presunta falta de diligencia en el esquema de seguridad que debía proteger a Galán en el día en que lo mataron. La procuraduría consideró que Maza no despejó las dudas de su actuación. Por eso mandó su detención. El 11 de octubre de 2007, en una sentencia histórica, un juez condenó a 24 años de prisión al ex ministro de Justicia y ex congresista Alberto Santofimio Botero, responsable de inducir el asesinato de Luis Carlos Galán. Santofimio fue activo colaborador en la elección de Álvaro Uribe en 2002 y en su polémica reelección de 2006 (gracias a ese apoyo, el hijo del entonces diputado recibió un cargo diplomático en Paris).

EL GENERAL MAZA TAMBIÉN IMPLICADO

EN EL ASESINATO DE JARAMILLO

El pasado 21 de noviembre, la fiscalía también reabrió la investigación del asesinato de Bernardo Jaramillo. El general Maza Márquez de nuevo fue interrogado por el asesinato a sangre fría por un sicario de 16 años de un candidato presidencial. Luego de desempolvar los crímenes de Galán, Guillermo Cano (director del diario bogotano El Espectador) y del político conservador Álvaro Gómez, la fiscalía resucitó la muerte de Jaramillo. Al día siguiente del crimen, el general Maza lo atribuyó a Pablo Escobar. La investigación por las muertes de Galán, Jaramillo y Pizarro fue empolvándose con el paso de los años y la sucesión de escándalos venideros y de barbarie desatada en la década de los noventa relegó los casos al olvido. Pese a las evidencias que ahora salen a la luz, nunca se avanzó sobre la autoría intelectual de los crímenes. El análisis de armas, prendas, modus operandi, etc. indica que las muertes de Pizarro y Jaramillo fueron planeadas por una misma organización criminal con los mismos recursos logísticos. La muerte de Galán fue atribuida a Pablo Escobar y las de Jaramillo y Pizarro a los hermanos Carlos y Fidel Castaños, creadores de los pujantes grupos paramilitares. Pero son tantos los cabos sueltos que la creencia general es que los inductores, con excepción de Santofimio, gozan de impunidad. El fiscal solicitó una revisión de los procesos que se siguen por los tres crímenes, con el fin de trasladar "piezas procesales que puedan resultar de interés", y amplió la investigación a jefes militares y a archivos del Ejército.

EL DAS ESPÍA A PERIODISTAS, POLÍTICOS Y JUECES

En los últimos meses, el DAS ha sido denunciado por espiar para el presidente Uribe a periodistas, políticos y jueces. En medio de un escándalo de espionaje que ha llevado a cuatro ex directores a ser investigados por la fiscalía general, la revista Semana informó que el organismo de inteligencia seguiría grabando ilegalmente a funcionarios, comunicadores y políticos. "Las cosas no sólo no cambiaron, sino que, incluso, han empeorado", dice Semana, la misma revista que destapó el escándalo del DAS en febrero de 2009, cuando reveló que la inteligencia colombiana interceptaba llamadas de políticos de oposición, jueces, activistas, miembros de ONG y periodistas. El presidente Álvaro Uribe negó entonces que su gobierno hubiese ordenado las grabaciones telefónicas y desmintió que el escándalo involucrara a funcionarios de la presidencia. Sin embargo, material obtenido por Semana sugiere que la práctica seguiría en pie. En esta ocasión, las escuchas ilegales apuntarían a establecer la posición de varios congresistas ante un posible referéndum en los próximos meses sobre la reelección de Uribe.